Un Juez Federal con sede en San Luis Potosí vinculó a proceso a Eduardo “N”, por su vinculación en el delito de trata de persona, en la modalidad de distribución de videograbaciones con la participación de menores de 18 años de edad en actos de pornografía.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención del indiciado se realizó a partir de una investigación internacional, en la que participaron 25 países, encabezados por España.
“El Grupo de la Unidad de Investigaciones Tecnológicas en España, quienes realizaron una operación encubierta en distintos Foros de Red Social, donde se estarían distribuyendo archivos con contenido pornográfico infantil”, detalló el organismo.
Se indicó que el Estado mexicano participa en estas investigaciones, en el marco de las acciones para combatir la explotación sexual infantil, las que permitieron determinar la identidad de los administradores de cada uno de los foros investigados y sus participantes.
Por parte del organismo autónomo participó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la que se encargó de reunir los elementos en contra de los participantes en los delitos investigados.
La Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO), obtuvo una orden de captura de parte del Juez de Distrito adscrito al Centro de Justica Penal Federal con sede en San Luis Potosí, en contra de Eduardo “N”, el 7 de noviembre de 2019.
Elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron una orden de cateo, y captura en contra del indiciado, en un inmueble ubicado en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Con estas acciones, la autoridad ministerial obtuvo, en diciembre de ese año, más órdenes para catear inmuebles, para ubicar material de pornografía infantil en el Estado de México, Guanajuato, Baja California, Quintana Roo y San Luis Potosí.
En esas acciones, detalló la FGR, se cumplimentaron otras cinco órdenes de aprehensión en contra de igual número de involucrados en este delito, en una operación coordinada entre Interpol México y la Policía Federal Ministerial.
