El Gobierno de España se dispone a “extinguir” la Fundación Francisco Franco en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, por considerar que esa entidad, que recuerda al general Franco, hace apología de la dictadura.
“La ley dice claramente que no caben fundaciones que vanaglorian a aquellas personas, colectivos o asociaciones que hicieron apología del franquismo, que defendieron el totalitarismo y la dictadura. Por lo tanto, no cabe la Fundación Francisco Franco, en ningún caso. Y lo que se va a hacer es extinguirla”, dijo a periodistas Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Torres hizo este anuncio durante su visita a uno de los símbolos de la represión de la dictadura franquista, la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en la isla canaria de Fuerteventura (Atlántico), donde el régimen autoritario que gobernó España desde 1936 hasta 1975 recluyó durante años a personas del colectivo LGBTI solo por su condición sexual.
El ministro precisó que este caso no compete a su departamento, sino al de Cultura, en cuyo registro se encuentra la Fundación, pero ya discutieron ese asunto con el ministro Ernesto Urtasun, que “conoce bien los pasos a dar”.
“Por lo tanto, toda fundación o asociación que defienda al dictador o a quienes hacían apología de la dictadura, tiene que estar eliminada de la democracia, pero eso no es nada nuevo: eso es propio de la Ley de Memoria Democrática y del derecho internacional, es propio de las convenciones de las Naciones Unidas, de sus convenios y sus resoluciones en defensa de los derechos humanos”, argumentó Torres.
La Ley de Memoria democrática, aprobada en 2022, da el relevo a la Ley de Memoria Histórica de 2007, y refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
Por su parte, la Fundación Francisco Franco, fundada en 1976, al año siguiente de la muerte del dictador, tiene como uno de sus objetivos difundir su memoria y obra.
Torres añadió que le “entristece que haya comunidades”, como el caso de Aragón (gobernada por el conservador Partido Popular y el ultraderechista Vox), que derogan su Ley de Memoria Democrática” y eliminan también la disposición que rendía homenaje a los ciudadanos españoles de esa región que murieron en los campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial.
“Eso ya no va solo contra una ley española, va en contra del derecho internacional, que dice claramente que esos campos de exterminio fueron campos aborrecibles y, por tanto, hay obligación de proteger a las familias y las personas que fueron víctimas de los mismos. Porque ahí se incumplieron absolutamente todos los derechos humanos”, continuó.
