El Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), que preside Marco Antonio Toh Euán, hizo un llamado a la sociedad para rechazar mensajes que estigmatizan, respaldar y respetar la labor en apoyo a los colectivos y activistas feministas que promueven los derechos de las niñas y mujeres, brindan atención y acompañan a las víctimas de violencia de género.
“En la más reciente reunión de la Cdheqroo y organizaciones de la sociedad que promueven los derechos humanos, se tuvo conocimiento de mensajes prejuiciosos y violentos que reciben las integrantes de esos colectivos en redes sociales, sobre la labor que realizan”.
Esas conductas no pueden ser ignoradas en el contexto mexicano, en el que 34% de las agresiones se relacionan al uso de tecnologías, de acuerdo con el Informe la Violencia en Línea contra las Mujeres en México, 2017, indican en un comunicado, que además del presidente firman Alejandro Baeza Ruiz, Israel Canto Viana, Edgar Ricardo Mora Ucán, Sheena Merle Ucán Yeh, Rafael Barragán Vázquez y Alma Rosa Soledad Freyre Reinhartd.
“Ante la reprobable represión policíaca del lunes 9 de noviembre en Benito Juárez, no podemos dejar de condenar los actos que promueven un clima de violencia contra las mujeres, incluyendo conductas de acoso en redes sociales y a exhibición de fotografías sacadas de contexto que buscan criminalizar las protestas de mujeres y ponerlas en riesgo de más ataques machistas que pueden poner en peligro su integridad y seguridad”, dicta el comunicado.
Piden respeto a los derechos de colectivos y activistas; resaltan la importancia del activismo
Con el lema ¡Ni una asesinada más en Quintana Roo por violencia de género!, resaltan la importancia del activismo y trabajo de las organizaciones y colectivas, dado que son, en muchas de las ocasiones, quienes conocen, orientan, acompañan y denuncian los delitos y/o violaciones a derechos humanos que viven las mujeres en Quintana Roo.
También realizan trabajos de incidencia en la agenda pública, que hacen posible que autoridades y servidores públicos rindan cuentas y actúen conforme los principios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, como se ha visto con el impulso para la aprobación de la Ley Olimpia, el seguimiento a la Alerta de Violencia de Género y al señalar el grave riesgo para los derechos sexuales y reproductivos de la niñez y adolescencia, de aprobarse el PIN Parental.
Gracias a sus movilizaciones, destacan, se transmiten preocupaciones de grupos vulnerados históricamente y dejados fuera de la toma de decisiones. Las manifestaciones y protestas pacíficas son un mecanismo de participación ciudadana indispensables para la democracia y los derechos humanos. Por ello, reprobamos enérgicamente la criminalización de las protestas y la brutal represión del 9 de noviembre.
“Conminamos a las autoridades correspondientes, en específico las encargadas de atender a personas defensoras de derechos humanos, a que visibilicen y promuevan el respeto hacia esa labor; las exhortamos a que urgentemente generen mecanismos y protocolos para la protección de las activistas y las personas defensoras de derechos humanos”.
Los protocolos de actuación deben tener un enfoque de derechos humanos para el respeto a la legitima protesta y para alentar la denuncia de agresiones, incluyendo las cometidas por servidores públicos y que se garantice que se realizarán las acciones legales, en su caso, ante instancias pertinentes para castigar todos los abusos de las autoridades.
