🔸La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pretende localizar a miles de personas en sus países de origen para requerirles el pago de sanciones económicas pendientes que superan los 400 millones de dólares
#INTERNACIONAL | El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha un plan para contratar a empresas privadas de cobranza que se encarguen de rastrear, localizar y cobrar multas administrativas a migrantes que ya fueron deportados o que abandonaron voluntariamente el territorio estadounidense y residen actualmente en México, Guatemala y Honduras. De acuerdo con una licitación publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la administración federal requiere de una compañía registrada en EE. UU. con capacidad operativa fuera de sus fronteras para notificar los adeudos y gestionar los pagos de las personas localizadas en dichos países centroamericanos y en suelo mexicano. En el documento oficial se detalla de forma explícita que el contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala.
Las pautas fijadas por las autoridades estadounidenses señalan que las empresas contratadas deberán aportar pruebas contundentes de la correcta localización e identificación del deudor. Para cumplir con este requisito, la firma privada podrá recopilar evidencias fotográficas de los inmuebles donde habiten las personas, recibos de servicios públicos o registros de empleo locales. Asimismo, en los casos en que la persona notificada haya fallecido, el cobrador estará obligado a tramitar y presentar la fe de defunción correspondiente. Una vez confirmado el paradero, la agencia de cobro notificará el monto pendiente y ofrecerá facilidades para liquidar el saldo total, ya sea a través de un pago único, convenios a plazos u otros acuerdos de regularización, permitiendo incluso que el adeudo sea saldado directamente por el migrante o mediante un tercero.
Según cifras de la CBP, se calcula que al menos 66,387 migrantes expulsados o retornados por su propia cuenta mantienen sanciones civiles sin saldar, mientras que cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalan que la bolsa global de multas no cobradas por infracciones migratorias asciende a unos 423 millones de dólares. El endurecimiento en el cobro de estas sanciones deriva del restablecimiento de multas civiles por faltas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), entre las que figura el desacatamiento de una orden final de deportación, cuya penalización original fijada en 1996 era de 500 dólares diarios y que hoy en día, tras los ajustes inflacionarios, alcanza los 998 dólares por día. Aunque las autoridades estadounidenses ya empleaban los servicios de despachos de cobranza dentro del territorio norteamericano, la falta de resultados para rastrear a los sancionados que viven fuera del país derivó en esta nueva estrategia para llevar las gestiones de cobro directamente al extranjero.
